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El Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid ha solicitado la comparecencia en Pleno de la Consejera Lucía Figar para que dé explicaciones tras la sentencia del TSJM relativa al antiguo CEIP Miguel Ángel Blanco. “Este gobierno demuestra no sólo un desprecio absoluto a la Educación Publica, sino también a las leyes, ya que actúa como si su mayoría absoluta le diera derecho a legislar a la carta en función de sus intereses particulares” ha denunciado la diputada regional y Portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero.
La diputada regional y Portavoz de IU en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madri d, Eulalia Vaquero, ha anunciado que su Grupo ha pedido la comparecencia en el Pleno de la Consejera de educación, Lucía Figar, para que explique la situación actual del Colegio Miguel Ángel Blanco del municipio de El Álamo, tras la sentencia del TSJM en la que se rechaza su privatización.
“La historia de lo que ha ocurrido con este colegio es una muestra clara del desprecio de este gobierno a la Educación Pública y a la voluntad de los ciudadanos” ha afirmado Vaquero quien ha recordado que este Colegio, que era público en su origen y que ya contaba con profesores asignados y alumnos matriculados cuando se privatizó, se construyó por la demanda de plazas públicas escolares en el municipio”. Vaquero ha afirmado que “la reciente sentencia del TSJM ,que rechaza la privatización, debería ser tomada más en serio por este gobierno que se ha limitado a publicar otro decreto, como ya hiciera en mayo de 2008, anunciando la eliminación del centro utilizando el falso argumento de que hay plazas públicas suficientes en el municipio. “La privatización del CEIP Miguel Ángel Blanco constituyó en su momento un claro expolio y es además la historia de una gran mentira. Primero se justificó su venta alegando que el Ayuntamiento carecía de recursos para mantenerlo; después se cambio de argumento y se dijo que había más de 600 familias que demandaban plaza en una escuela concertada, una falsedad que también quedó desmontada cuando llegó el período de matriculaciones y el nuevo concertado Los Nogales quedó casi vacío frente al colegio público de la localidad, que contaba con una gran demanda y unas ratios muy altas. Y ahora, tras el varapalo judicial, se justifica su venta diciendo que hay plazas públicas suficientes. En definitiva, mentira tras mentira” ha denunciado Vaquero, quien ha reclamado que “se cumpla la ley y que el CEIP Miguel Ángel Blanco vuelva a ser un colegio Público como siempre han demandado los ciudadanos del El Álamo” Asi mismo Vaquero recordó que IU interpuso en su momento otro recurso contra la privatización del colegio y se encuentra a la espera de conocer la sentencia.
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CC.OO. exige que se ejecute la sentencia que declaró ilegal la privatización del CEIP Miguel Ángel Blanco
MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. exigió hoy que se ejecute la sentencia que declaró ilegal la privatización del CEIP Miguel Ángel Blanco y denunció la aprobación de otro Decreto por parte de la Comunidad de Madrid que vuelve a suprimir el colegio público y lo da de baja en el registro de centros docentes, informó hoy CC.OO.
El sindicato criticó que el Gobierno regional en vez de hacer el fallo efectivo, el pasado 23 de diciembre aprobó otro Decreto que consta de 2 artículos; el primero para volver a suprimir el colegio público y el segundo para dar de baja al centro del registro de centros docentes, un nuevo Decreto.
La Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. considera que profesores y alumnos deberían solicitar a la Comunidad de Madrid, una indemnización por daños y perjuicios a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial, que según la jurisprudencia puede elevarse a 30.000 euros.
Según CC.OO, este nuevo Decreto tampoco motiva la supresión del colegio público y además, la argumentación dada es incierta, al contradecirse con lo expresado en el procedimiento judicial anterior.
El sindicato denuncia que ahora la Comunidad de Madrid dice que el centro público nunca funcionó, cuando el propio letrado de la Comunidad en su escrito de defensa dejó claro que el centro funcionaba, con sus respectivas clases, profesores y alumnos, por lo tanto no puede desdecirse de lo ya manifestado ante un Tribunal de Justicia.
"Si ante las alegaciones que esta parte presentó en el primer contencioso sobre la desviación de poder de la Comunidad de Madrid, el tribunal entendió que la falta de transparencia en la actuación de la misma le limitaba a juzgar si existe esta desviación de poder o no, al dictar este Decreto la desviación de poder es notoria, por cuanto reitera una actuación ya anulada por los tribunales de justicia, intentando no ejecutar la Sentencia en sus propios términos", recalcá CC.OO.
ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA
La sentencia de 11 de diciembre de 2009 anuló la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco, por falta de motivación, al señalar que las razones que ha dado la Comunidad de Madrid para suprimirlo son las mismas que dio para crearlo.
Según el sindicato, resalta la casualidad de que sólo unos meses antes el Ayuntamiento de El Álamo, donde se encuentra ubicado el colegio, acuerda iniciar la tramitación de un expediente para otorgar el uso privativo de una finca y del edificio sede del colegio público para un centro privado concertado, justificando su decisión el Pleno del Ayuntamiento en las necesidades escolares.
De este modo el TSJ considera que estas mismas razones llevan al efecto contrario, esto es, mantener el colegio público y la adecuada prestación del servicio público.
Al anular el TSJ el Decreto de supresión del centro Miguel Ángel Blanco, la Comunidad de Madrid, está obligada por el artículo 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso administrativa, a ejecutar la referida sentencia y esta ejecución solamente puede llevarse a puro efecto dictando otro Decreto por el que el centro vuelva a ser público y sus trabajadores repuestos en este centro al igual que el alumnado.
LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS "Francisco Giner de los Ríos" lleva la razón cuando dice que el CEIP Miguel Ángel Blanco nunca debió de privatizarse y así lo confirma la nueva sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el recurso que presentó la FAPA.
La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que la nueva sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el recurso que presentó la FAPA en su día demuestra, una vez más, que las cosas no se están haciendo bien en el Gobierno regional y su Consejería de Educación y que privatizar la enseñanza no es el camino, además de que, aunque los responsables políticos de ambas instancias se empeñen en ello, no todo vale para darle negocio a la empresa privada.
La FAPA ha ganado un recurso que presentó contra la privatización del CEIP Miguel Ángel Blanco, de la localidad de El Álamo, en cuya sentencia, que da la razón a la FAPA en todos sus extremos, se recuerdan los argumentos que hace unos días dieron la razón por el mismo asunto a CCOO y además, en este caso, se declara nulo de pleno derecho el Decreto en su totalidad por no tener el informe preceptivo del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que la FAPA siempre dijo que era necesario, pues la privatización del CEIP Miguel Ángel Blanco entra de lleno en la programación general de la enseñanza y, sobre ello, el informe mencionado es obligado.
Muchas son ya las sentencias que le quitan la razón al Gobierno regional y a su Consejería de Educación por múltiples cuestiones. Sin ir más lejos, la FAPA también tuvo conocimiento ayer de una sentencia ganada por CCOO en el Tribunal Supremo que anula una Orden del año 2004 sobre los Centros Bilingües, por lo que se impone que los responsables de la Consejería de Educación den amplias explicaciones al respecto de todo ello y cambien su actitud, volviendo a la senda de respetar la legislación vigente y el marco procedimental al que están sujetos legalmente.
En esas explicaciones esperamos encontrar, entre otras cosas, respuestas a las siguientes preguntas: ¿se hace caso de los informes de los servicios jurídicos de la propia Consejería de Educación? ¿se hacen las normas en clave de objetivos políticos sin hacer caso de los informes jurídicos cuando estos no apoyan dichos objetivos?
Cabe pensar que no se hace caso de los informes, salvo cuando estos dan la razón a los responsables del Gobierno regional y a su Consejería de Educación. Queremos recordar, por ejemplo, que con la Ley de Autoridad del Profesorado los representantes de la Administración se opusieron en el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid a la extensión de dicha autoridad a los docentes de la escuela privada no concertada bajo el argumento de que tenían unos informes jurídicos que lo desaconsejaban, ya que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para ello, pero sólo 72 horas después el Consejo de Gobierno aprobaba el texto incluyendo a dichos docentes, obviando entonces los informes jurídicos y su contenido. Claro, al final estas cuestiones llegan a los tribunales y éstos, como no puede ser de otra manera, ponen las cosas en su sitio.
Lástima que tengamos que estar en esta situación, cuando sería mejor hacer las cosas bien desde el principio, pero para ello hay que respetar la legislación vigente y el marco democrático del que nos hemos dotado.
Falta una cosa por descubrir ¿pasará factura tanta sentencia en contra a algún responsable político madrileño? Apostamos a que no, pero sería bueno que, al menos, cambiaran de actitud y tuvieran en cuenta las opiniones de quienes defendemos la educación pública madrileña y el marco democrático que debe regular el conjunto de nuestra participación y convivencia.
Una cosa si es segura, el CEIP Miguel Ángel Blanco debe volver a funcionar como centro público y la FAPA, junto a todo aquel que esté convencido de lo mismo, exige que ello sea así de forma inmediata y realizará las actuaciones necesarias para recuperar un patrimonio público que es de todos los madrileños.
El CEIP Miguel Ángel Blanco es público, es decir, es de todos. Devolución ya.
21 de enero de 2010