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“INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A APROBAR LA PROPOSICIÓN DE LEY DE REGULACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO, DE PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y DE ALQUILER SOCIAL Y AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA DE PARALIZACIÓN DE DESAHUCIOS, DOTAR DE RECURSOS A LA LUCHA CONTRA ÉSTOS Y EN QUE NO SE DESTINEN EFECTIVOS LOCALES EN EL DESALOJO DE LOS VECINOS Y VECINAS EN EL ÁLAMO”
Exposición de motivos:
Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde 2007 hasta el primer semestre de 2012 se han producido casi 400.000 ejecuciones hipotecarias. Como consecuencia de ellas, hasta el momento, 203.808 personas o familias han perdido sus casas en este periodo y otras 160.000 más están camino de hacerlo durante el año 2013 y primeros meses de 2014.
Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc. Así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 60% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo. Desde Izquierda Unida – Los Verdes consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Visto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión). Así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Visto que el R.D. Ley 27/2012 de 15 de Noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios no solo es excluyente e incompleto, sino que además se redactó sin el debido consenso parlamentario, dejando en la indefensión a aquellas familias cuyas ejecuciones hipotecarias ya habían sido realizadas con anterioridad a su entrada en vigor, no contempla la dación en pago y deja fuera de su aplicación a aquellas que no cumplen con sus requisitos pero que igualmente se ven abocadas al más absoluto desamparo. A todo ello, hay que añadir que la suspensión por dos años de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables es simplemente eso, una suspensión.
Visto que por lo que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las familias empobrecidas. La pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente. Además, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal.
Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación la siguiente proposición:
1. Pedir al Gobierno central que, aunque el pasado 12 de febrero se aceptó su tramitación parlamentaria gracias a la Iniciativa Legislativa Popular de 1 millón y medio de firmas, se apruebe la Proposición de Ley de Regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos, incluyendo la retroactividad en los casos ya ejecutados.
2. Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
3. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.
4. Hacer un censo con carácter urgente de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras para luego, desde la Comisión Especial Mixta, poder estudiar la aplicación de medidas que fuercen su puesta en alquiler social asequible, como una recarga del IBI.
5. El compromiso del Gobierno Local de no disponer a la Policía Municipal para la ejecución de órdenes de desahucio, ya que esto no es competencia municipal y sería inadmisible que desde el Ayuntamiento se contribuya al desalojo de su vivienda a los vecinos y las vecinas de El Álamo.
El Álamo 18 de febrero del 2013
José Castro Mateos
Portavoz del Grupo Municipal de IU-Los Verdes
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