Re:CONCURSO DE FOTOGRAFIA
alameño 15.4.2014 20:05
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
alameño 12.4.2014 12:06
Re:CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Carlos Cano 12.4.2014 18:54
No hacer preguntas tontas....
mariamarrrr 23.12.2013 19:21
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MOCION Por el desarrollo de una Ley de Derechos Básicos y contra la Exclusión Social PDF Imprimir E-mail
Escrito por IU EL ÁLAMO   
Lunes, 14 de Abril de 2014 08:38

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA – LOS VERDES AL AYUNTAMIENTO PLENO

 

“Por el desarrollo de una Ley de Derechos Básicos y contra la Exclusión Social”

 

Exposición de motivos

 

Es un deber democrático de todo gobierno garantizar el derecho a la existencia material de las personas. Es imposible construir una verdadera democracia sin asegurar ese derecho básico fundamental.

Por tal razón, Izquierda Unida sostiene la necesidad de desarrollar potentes políticas sociales públicas y de garantizar su financiación a través de una profunda reforma fiscal.

Nuestra Comunidad vive hoy una situación de emergencia social por el aumento del desempleo, el incremento de trabajadores en situación de pobreza, las desigualdades sociales, la penuria económica y/o la exclusión social.

El 9,7% de los madrileños sufre pobreza extrema y el 14,6% tiene un umbral de rentas iguales o inferiores al 40% de la media. Por otra parte, en nuestra Comunidad hay 690 mil desempleados (según datos de la EPA del último trimestre de 2013), tasa de paro de 21% de los que 365.200 ya no cobran prestación alguna. La Estrategia europea 2020 propuso realizar un seguimiento de la evolución de la pobreza y la exclusión, incorporando para ello la tasa AROPE, indicador que combina factores de renta, privación material severa y baja intensidad del empleo. 

Hoy en día ese indicador asciende ya al 24,8 % de la población en nuestra Autonomía. La pobreza de hoy no es un accidente; es el resultado de la política neoliberal y de la crisis que ésta ha traído. Es un problema muy grave que no dejan de acrecentar los gobiernos seguidores de la austeridad neoliberal extrema como el del PP. Se atacan los derechos de la mayoría de la ciudadanía al desmantelar lo público y los servicios sociales que constituyen uno de los pilares básicos para construir una sociedad inclusiva que hoy, más que nunca, resulta imprescindible reforzar. Todo ello rebaja la democracia, la degrada y devalúa.

Izquierda Unida hace suyos los reclamos de las entidades sociales del Tercer sector, de los sindicatos de clase, de la Cumbre y el Foro Social, de la plataforma anti-desahucios, de las entidades de economía social y de todas aquellas mareas de movilización que llaman a la defensa de los servicios públicos y del municipalismo, a revertir las privatizaciones y a poner fin a la política suicida de recortes.

Para salir de la crisis, para combatir este empobrecimiento organizado de la mayoría de la sociedad se necesitan medidas legales, medidas de gobierno, así como esfuerzos de movilización y de organización de la población trabajadora de nuestra Comunidad. Hay que proteger los derechos existentes y ganar otros nuevos. La Comunidad tiene la competencia del establecimiento de las políticas sociales de la lucha contra el hambre y la pobreza.

Por tales motivos, nuestro Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid ha presentado una Proposición de Ley reguladora de derechos vitales básicos de las personas. Una ley que pretende asegurar que las personas que residan en la Comunidad de Madrid tengan cubiertas sus necesidades básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros principales, y que estará dirigida a gentes sin ingresos estables que se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica y/ o exclusión social. Una Ley que rescate personas, no bancos.

 

Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación la siguiente proposición:

 

 

Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Ignacio González que lleve a cabo en todos sus términos el Proyecto de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid y que plantee las siguientes cuestiones:

a) El Derecho a una Renta Social Garantizada que asegure una vida digna.

b) El reforzamiento de los servicios sociales de atención primaria, la recuperación de las becas de comedor y la apertura de los centros escolares en periodos vacacionales a las personas en situación de pobreza y/o exclusión social.

c) La disponibilidad de suministros mínimos básicos de agua y energía – para iluminación, calefacción y cocina- en términos de habitabilidad, salubridad e higiene.

d) La garantía del acceso al transporte público para todas aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza económica y/o exclusión social.

e) La disponibilidad de una vivienda o un alojamiento digno, en caso de pérdida de la vivienda habitual por razones de insuficiencia de recursos o de desahucio.

 
MOCION Para crear una tarifa especial de tren para desempleados PDF Imprimir E-mail
Escrito por IU EL ÁLAMO   
Viernes, 11 de Abril de 2014 19:36

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA – LOS VERDES AL AYUNTAMIENTO PLENO

 

Para crear una tarifa especial de tren con descuentos del 25% para las personas en situación de desempleo

 

Exposición de motivos

 

El Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que Renfe cree una tarifa especial de tren con una rebaja del 25% destinada a los trabajadores en paro.

Esta proposición no de ley, realizada en estrecha colaboración con CC.OO, pretende facilitar la movilidad de las personas en paro y, en particular, favorecer el transporte para la búsqueda de trabajo mediante la puesta en marcha de ese billete rebajado para que un colectivo especialmente castigado por la crisis y que la está sufriendo tan de cerca vea aligerada al menos en parte una de las cargas que tiene.

La situación de desempleo daría derecho a obtener títulos de transporte en la red ferroviaria de interés general con una bonificación del 25% sobre la tarifa normal. Esta bonificación será acumulable a cualquier otro descuento que establezca Renfe.

Es evidente que además de favorecer a las personas inscritas como demandantes de empleo que busquen trabajo también beneficiará a sus hijos e hijas menores de edad a su cargo. Para acreditar la situación de desempleo los interesados deberán obtener un certificado en las oficinas del Servicio Público de Empleo.

En la actualidad existen 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro, y el número de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha multiplicado por dos desde que se inició la crisis económica hasta computar 686.600.

España vive una situación de emergencia en materia laboral caracterizada por un desempleo escandalosamente elevado, un deterioro de la calidad del empleo y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Una situación provocada por la aplicación de las políticas de austeridad, los recortes sociales y una regresiva reforma laboral que está teniendo efectos muy negativos sobre el mercado de trabajo.

2013 ha sido el sexto año en el que se destruye empleo y la crisis ha devuelto el número de ocupados al nivel de 2001. En el último trimestre del pasado año 5.896.300 personas se encontraban en desempleo, situándose la tasa de paro en el 26,03% de la población activa. El paro de larga duración, más de un año en situación de desempleo, ya afecta a casi 3,6 millones de personas representando al 61% del total de personas desempleadas. Y de este colectivo, más de 2,3 millones están desempleados desde hace más de dos años.

Por último la cobertura por desempleo no deja de descender. En la actualidad 2,8 millones de personas reciben algún tipo de prestación por desempleo, sea ésta contributiva o asistencial. Esto significa que sólo el 47,5% de las personas desempleadas percibe una prestación por desempleo. En otras palabras, más de 3 millones de personas en paro carecen de cobertura por desempleo.

Esta situación exige aumentar los recursos destinados al sistema de prestaciones económicas y de políticas activas, articular una renta mínima garantizada que dé cobertura a quienes lo necesiten, y potenciar los sistemas públicos de servicios esenciales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, para corregir el aumento de las desigualdades sociales y la marginación económica y social.

Además, es importante facilitar la movilidad de las personas en situación de desempleo, en particular para favorecer el transporte para la búsqueda de trabajo. Esto podría hacerse creando una tarifa especial aplicable al colectivo de personas en desempleo en la red ferroviaria de interés general que les permita obtener títulos de transporte con descuentos.

 

Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación la siguiente proposición:

 

Instar al Gobierno a aprobar la PNL presentada en el Congreso, adoptando las medidas  oportunas para crear una tarifa especial para las personas en situación de desempleo que utilicen la red ferroviaria de interés general, con las siguientes características:

• Serán beneficiarias las personas inscritas como demandantes de empleo que se encuentren en proceso de búsqueda de trabajo y los hijos menores de edad a su cargo. Para acreditar la situación de desempleo, las personas interesadas deberán obtener un certificado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal.

• El nuevo soporte en forma de tarjeta o documento similar dará derecho a obtener títulos de transporte en la red ferroviaria de interés general con una bonificación del 25% sobre la tarifa normal. Esta bonificación será acumulable a cualquier otro descuento que establezcan los prestadores del servicio ferroviario.

• La adquisición del soporte acreditativo para poder viajar con este descuento se realizará en los puntos de venta que establezca la entidad pública empresarial Renfe. Así mismo, la adquisición de viajes con este descuento se podrá realizar, como mínimo, en estaciones abiertas al público, máquinas autoventa, internet y agencias de viaje.

 
¿JORNADAS DE MUJER? PDF Imprimir E-mail
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MaloBueno 
Escrito por IU EL ÁLAMO   
Miércoles, 26 de Marzo de 2014 08:38

 

¿JORNADAS DE MUJER?


Visto lo acaecido en las supuestas Jornadas de Mujer de El Álamo, quizá alguien debería plantearse si éstas han cumplido la función que se espera de ellas.


En primer lugar, es necesario entender porqué sigue siendo necesario celebrar el 8 de Marzo como Día de la Mujer y por tanto unas jornadas de Mujer. Este día existe porque las mujeres siguen estando en situación de desigualdad con respecto a los hombres. La brecha salarial de género, diferencia entre la remuneración de hombres y mujeres en puesto similares, es de un 20 %; la presencia de mujeres en puestos directivos es mínima, menos de un 10% de presencia en los consejos directivos de las grandes empresas; los datos de violencia de género con 17 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2014, son algunas de las muchas áreas en donde las mujeres, de una manera u otra, sufrimos discriminación.


Hace años, el 8 de marzo se conocía como el día de la mujer trabajadora porque la intención era luchar por los derechos laborales pero, actualmente, es el Día de la Mujer debido a que se reivindican derechos en todos los ámbitos.


En esta fecha, los organismos públicos visibilizan esa falta de igualdad real con diferentes actividades. Pero ¿qué criterio utilizan para desarrollar dichas actividades?


En el Álamo, desde luego, el criterio no ha sido especialmente cuidado. Actividades como “AYUDA A TUS HIJOS” “MUJER APRENDE A CUIDARTE” “CUIDADOS DE LA PIEL Y AUTOMAQUILLAJE” junto con un VIAJE A CÓRDOBA, alguna que otra obra de TEATRO y una CORRIDA DE TOROS, NO son actividades que busquen luchar para conseguir una igualdad real, en algunas de ellas más bien tienden a lo contrario.


No se avanza en la igualdad situando a la mujer como única o principal responsable de las tareas de cuidado de los hijos/as, de la casa, etc. Tampoco se avanza representando a la mujer como una persona en la que su aspecto es lo único importante y valorable, porque aunque sea importante para algunas mujeres, no debería ser lo único ni lo prioritario. ¿Dónde están los objetivos de igualdad bajo esta programación de actividades? NO LOS HAY.


La lacra del sistema patriarcal se mantiene con propuestas como éstas en donde el sexismo es evidente. Y es que se nos olvida muchas veces que el 8 de marzo no es un día de fiesta, es una jornada de lucha por la igualdad; no es una celebración de las mujeres como madres, esposas y cuidadoras, sino una reclamación de lo que queda por conseguir.


Para que las mujeres consigan la igualdad real, la igualdad formal ante la ley ya está conseguida, es necesario representar a la mujer en el espacio público, hace falta empoderarla y también es necesario responsabilizar al varón de tareas tradicionalmente realizadas por mujeres.


Para conseguir una igualdad real hacen falta políticas reales con una perspectiva real de género, hace falta preocuparse por esta injusticia que afecta a más de la mitad de la población pero sobre todo hace falta querer realmente ver a las mujeres y valorarlas por otras cosas que no sea su belleza, su físico y su capacidad para tener o cuidar a los hijos/as.


Igual ahí está la clave, no interesa presentar a las mujeres en otros ámbitos, su sitio es el HOGAR, ¿no? Eso sí, en casa, pero monísima y estupenda. Eso debe de haber pensado quien ha programado estas actividades que solo sirven para perpetuar el estereotipo de mujer y para rellenar espacio en unas jornadas a las que se dedican 13 días.


Más hubiera válido un único día con una única actividad, pero realmente dedicada al objetivo que ese día persigue, que no es ni más ni menos que la desaparición de las desigualdades entre hombres y mujeres.

 

BEATRIZ FERNÁNDEZ RUIZ
RESPONSABLE DEL ÁREA DE  MUJER DE IU EL ÁLAMO
 
PLENO CON UN ÚNICO PUNTO. MOCIÓN PRESENTADA POR IU EL ALAMO PDF Imprimir E-mail
Escrito por IU EL ÁLAMO   
Martes, 28 de Enero de 2014 23:16

 

El pleno del jueves 30 de enero de 2014 se realizará con un único punto en el orden del día. La moción que presentó Izquierda Unida el Álamo para la “Modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a fin de que la vivienda cumpla con la función social debida”, es decir, para que los bancos que han expulsado de sus hogares a familias, paguen más de impuesto de bienes inmuebles que el resto de ciudadanos y de éste modo contribuyan al bienestar de los y las alameñ@s a través de un impuesto que, a pesar de no estar adecuado al daño que causan a la sociedad, al menos sirva para paliarlo en parte.

 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA MOCIÓN PRESENTADA:

 

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA – LOS VERDES AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO


“Modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a fin de que la vivienda cumpla con la función social debida

 

 

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda.  Ésta es considerada como un derecho humano universal reconocido por  los Estados Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nuestra propia Constitución de 1978, en su artículo 47  estipula que “todos los españoles tienen  derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y exhorta  a los poderes públicos a promover cuantas condiciones sean necesarias para garantizar este derecho.


A pesar de la importancia que la Constitución otorga al derecho ciudadano a la vivienda, ésta no está siendo considerada como un derecho humano básico, de primera necesidad social  y por tanto con carácter de inviolabilidad, sino como una mercancía más  sujeta a las leyes del mercado. Decenas de miles de personas y familias enteras de adultos, ancianos y niños se han visto y se ven implacablemente despojadas de su vivienda por una incapacidad sobrevenida de hacer frente al endeudamiento hipotecario  como consecuencia del inesperado e inusitado nivel de desempleo que se ha abatido sobre el mundo del trabajo, de una crisis y situación de emergencia que los ciudadanos no han provocado.


El deber y la función de la Administración Pública, entidad gestora del bien común y del derecho ciudadano, no puede ser otro que garantizar el derecho de cada ciudadano de El Álamo a un techo, a una vivienda digna, por encima de cualquier consideración mercantil. Nuestra Carta Magna regula el derecho a la propiedad privada estableciendo el límite de su función social y en ningún momento tutela usos antisociales de ese derecho.  Utilidad individual y función social, componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad.


Aquellas normativas al uso que contravienen la función social de la propiedad de la vivienda, como son el desalojo, la no ocupación, el no destino de un inmueble al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico, supone un grave incumplimiento de la función social del derecho a la vivienda.


Este municipio referencia en la presente Moción  el avance  en la definición de la función social de la propiedad de la vivienda y articula una medida que, por su mayor urgencia, debe acometerse sin dilación por la administración pública.  Avanza en medidas que suponen un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna”, como obligar a la banca  y sociedades filiales e  inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler o sancionar su incumplimiento.


Esta moción  cualifica el deber  de las personas jurídicas titulares de dar efectivo destino habitacional a las viviendas vacías de su propiedad.  De las  distintas clases de viviendas desocupadas el ámbito de aplicación de esta moción, implica únicamente  al conjunto de las que son propiedad de entidades financieras y filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la restructuración bancaria, que además de un supuesto de importancia cuantitativa relevan de la notoria utilización de la vivienda como bien de inversión predicado por las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del derecho a la vivienda propio de las personas físicas.


La vivienda digna y adecuada es ante todo un derecho y un servicio públicos y, por lo tanto, el bienestar de la sociedad y no el lucro privado deben presidir en todo momento tanto la satisfacción de los derechos como el cumplimiento puntual de los deberes.


Esta moción viene a manifestar que  los poderes públicos municipales deben ocuparse urgentemente de la adversa situación que conoce nuestro municipio, de hacer frente a los desalojos habidos y por haber mediante la ocupación temporal de un parque inmobiliario en poder de entidades jurídicas cuya desocupación vulnera el derecho humano y humanitario, contraviene la función social de la propiedad,  la adecuada utilización del espacio urbano y el interés general.


Con la aprobación de ésta moción, el Ayuntamiento recuperará una mínima parte del dinero para atender  las necesidades de los vecinos y las vecinas de nuestro municipio.


Por todo ello, proponemos al Pleno de esta Corporación para su aprobación, la siguiente proposición sobre la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:


Introducir un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados, cuando el titular de los mismos sea una persona jurídica y lo sea de 1 ó más inmuebles con ese uso con carácter permanente en el municipio de El Álamo, si en fecha de 31 de diciembre se hallan en alguna de las situaciones siguientes:


a) Cuando no figure ninguna persona empadronado en el mismo en el último año.

b) No se ha concedido licencia de primera ocupación y no se habitó en todo el año.

c) Carece de suministro de agua y luz.

d) Ha sido declarado en estado de ruina y necesaria demolición.

e) Concurren otras circunstancias, diferentes de la ejecución de obras de reforma, que impiden residir en el inmueble.


Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por el ayuntamiento, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.


Los sujetos pasivos del IBI que conozcan de la existencia de algunas de las condiciones enumeradas, u otras con alcance similar que impiden la ocupación del inmueble, están obligados a declararlo ante el Ayuntamiento, dentro del primer trimestre natural al ejercicio en que tuvieron lugar.


No obstante el Ayuntamiento proveerá los medios necesarios para descubrir este tipo de viviendas a fin de que presten el servicio económico y social debido a la comunidad.

 

 


El Álamo, a 17 de enero de 2014

 

 

José Castro Mateos

Portavoz del Grupo

Municipal IU-Los Verdes

 

 
MANIFESTACIÓN 23N PDF Imprimir E-mail
Escrito por IU EL ÁLAMO   
Miércoles, 27 de Noviembre de 2013 09:49

La asamblea local de IU EL ÁLAMO ha participado en la movilización convocada por la Cumbre Social y las mareas ciudadanas, cuando se cumplen dos años de gobierno del Partido Popular.

 


Durante la manifestación, el coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez, ha afirmado que “estamos ante un gobierno que ha mentido, que ha seguido recortando los servicios públicos, que ha provocado que se incremente el paro, y que ahora amenaza las pensiones públicas en favor del rescate bancario”.


En este sentido, ha destacado que “Madrid es la primera comunidad en la que se están poniendo en marcha las políticas neoliberales, pero a la vez es la primera en la que se está consiguiendo parar”.


Finalmente, ha señalado que “se está demostrando que la movilización sirve, que salir a la calle está parando los pies a la derecha”.

 
Pleno de 26 de septiembre de 2013 PDF Imprimir E-mail
Escrito por IU EL ÁLAMO   
Domingo, 24 de Noviembre de 2013 23:00

 

Pleno en el que la señora Alcaldesa nos deleita con su monumental enfado ligando su futuro político al del Teniente de Alcalde y en el que llama repetidamente al denunciante "mafioso del taxi" y declarando con desprecio "que no es un taxista, es un empresario del taxi", dejando claro que su cantinela de que lo mejor que existe son los empresarios es una gran mentira para contentar a su partido.


Su única ideología es mantenerse en el poder a toda costa.

 

 
IU denuncia la exaltación fascista de la alcaldesa popular de Quijorna y exige su dimisión PDF Imprimir E-mail
Escrito por IU EL ÁLAMO   
Miércoles, 02 de Octubre de 2013 23:16

 

Ante los actos de exaltación fascista ocurridos en el municipio de Quijorna el último fin de semana de septiembre, con la activa participación de la corporación municipal con la alcaldesa a la cabeza, los cuales incluyeron la cesión de un colegio público para la celebración de una feria de propaganda del fascismo, donde se vendía simbología nazi, así como un acto de apología del golpismo y exaltación de la Guerra Civil, donde personas ataviadas con uniformes y simbología fascista 'rindieron honores a los caídos por Dios y por España' con la expresa y activa intervención de la alcaldesa Mercedes García, desde IUCM "exigimos al Partido Popular que repruebe dichos actos y exija la dimisión de la misma".

 

quijornaJosé Antonio Moreno, responsable de Memoria de IUCM, ha afirmado que “resulta inaceptable en una sociedad democrática no solo la realización de actos como los expresados sino la mera tolerancia por parte de los poderes píblicos para que puedan ser llevados a cabo: la activa e imprescindible colaboración del Ayuntamiento de Quijorna resulta incompatible con los valores constitucionales e incluso tal actuación de la regidora resulta ilegal a la luz de la propia ley 52/2007 , la cual en su articulo 15 recalca un expreso mandato”.

  1. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

“Si ya la mera presencia del monolito – una piedra de granito con una placa grabada de latón a los caídos por Dios y por España- debería considerarse ilícita a la luz del articulo anterior, máxime la intervención pública de la alcaldesa que refirió textualmente en sus palabras la adhesión a los valores franquistas que justificaron la sublevación de 1936”.

El dirigente de IU ha reclamado al Partido Popular que “exija - al menos a sus cargos públicos- la desvinculación expresa y efectiva de los valores, actos y actitudes franquistas y de planteamientos antidemocráticos e ilegales”. Al mismo tiempo, ha exigido que “por la autoridades educativas de la Comunidad de Madrid se aclare como es posible ceder el espacio de un colegio público – espacio que debe ser de convivencia pacifica y plural para los niños- para la realización de una feria de tales características”.

“La sociedad madrileña, con sus instituciones a la cabeza, debe promover valores democráticos de convivencia donde no caben la exaltación del golpismo ni de comportamientos anticonstitucionales”, ha señalado.

Finalmente, le ha merecido especial mención “la intervención del sacerdote de la localidad que en su sermón a los 'caídos por Dios y por España' nos retrotrae a la España en blanco y negro del NO-DO, con continuas menciones a los mártires, a la inspiración divina de su sacrificio y a imitar sus 'luceros', claro símbolo de esa iglesia católica aupada y vinculada por y para el franquismo y que restregó a España en un rancio nacional-catolicismo del que aun no se ha querido despegar y del que todavía muchos de sus representantes añoran. Cabria preguntar al Arzobispo de Madrid si la defensa de los valores golpistas que realiza dicho sacerdote es suscrita por la institución católica”, ha concluido.

 
IU denuncia que el despido de 20 trabajadoras de Escuelas Infantiles de Móstoles se hace con "agostidad" y alevosía PDF Imprimir E-mail
Escrito por IU EL ÁLAMO   
Viernes, 02 de Agosto de 2013 07:18

 

La secretaria de educación de IUCM, Lali Vaquero, ha denunciado hoy que “el despido de veinte trabajadoras de las escuelas infantiles, anunciado ayer por el Ayuntamiento de Móstoles, se hace con 'agostidad' y alevosía”.

 

En este sentido, Vaquero ha afirmado que “estamos ante una operación perfectamente generada y planificada por el Partido Popular. Primero se genera un marco de competencia desleal bonificando que se lleve a los niños a escuelas privadas, después se despide al personal que trabaja en las escuelas públicas porque no hay demanda, y finalmente se cierran las escuelas infantiles públicas”.

La diputada ha anunciado que “IU va a solicitar una diputación permanente en la que exigirá explicaciones y responsabilidades a la consejera de educación”.

Finalmente, la dirigente de IU ha mostrado todo su “apoyo y solidaridad a estas trabajadoras en su lucha por evitar este despido colectivo encubierto”.

 
MOCIÓN CONTRA LEY DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PDF Imprimir E-mail
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Escrito por IU EL ÁLAMO   
Martes, 30 de Julio de 2013 07:43

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO SOLICITANDO EL RECHAZO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

 

Exposición de motivos

 

El 18 de febrero de 2013, el Gobierno del Partido Popular presentó el anteproyecto de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local (en concreto, 14 artículos) con la justificación de que las Entidades Locales se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; justificación que desde Izquierda Unida calificamos como falsa, ya que los ayuntamientos tienen establecido ya por ley el cumplimiento del equilibrio presupuestario. Los ayuntamientos tienen grandes y graves problemas económicos, pero los mismos no se han derivado de la inexistencia de una ley que no estableciera controles presupuestarios sino que emanan de una insuficiencia histórica de la financiación local y, en la actual crisis económica, de una caída brutal de los ingresos.

Desde IU hemos defendido contundentemente en los últimos años la necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión, y hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que les dotara efectivamente de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines.

Se pretende modificar principios tan elementales como el de asignación competencial basado en la proximidad de la gestión a los ciudadanos, sustituyéndolo por una simple alusión a la proximidad ligada a los principios de eficiencia, eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; la reforma, bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que hace es atacar los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. Queda debilitado gravemente el principio de autonomía de las Entidades Locales (principio constitucional Art. 140) al establecer simplemente la compatibilidad de la coordinación con las demás administraciones públicas, pero no su preferencia como autonomía local. Establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial del Estado.


Con respecto a las competencias, se elimina:

-  la participación en la gestión de Atención Primaria;

-  la participación en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos e intervenir en sus órganos de gestión.

-   la Prestación de los servicios sociales, promoción y reinserción social, sustituyéndolo únicamente por  la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, produciéndose una vaguedad en los términos y una inadecuación con las competencias asignadas a las entidades locales por las distintas leyes de Servicios Sociales.


El resto de competencias municipales que se mantienen deberán ser objeto de regulación de una ley que evalúe la conveniencia de implantar el servicio conforme al principio de estabilidad presupuestaria. Hablamos de competencias en materia de cultura, deportes, seguridad, medio ambiente, etc. Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local  que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil etc., y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la Ley es su desaparición, ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente.

En cuanto a los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos, dependiendo de su población, serán objeto de regulación de un Decreto Ley que establecerá los estándares de calidad de los servicios que servirán como base para fijar la asignación financiera del Estado a las entidades locales, dejando la potestad a las Diputaciones de recoger dichas competencias en el caso de que la capacidad del ayuntamiento sea insuficiente; teniendo en cuenta la línea general de los últimos años en las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular en cuanto a gestión de los servicios públicos, y basándose en los principios de estabilidad presupuestaria, eficacia y ausencia de duplicidades para efectuar la delegación de competencias en los municipios en los que se apoya continuamente esta reforma, la consecuencia lógica es inclinarse (y así lo señala el anteproyecto) a más privatizaciones, con la excusa de la insuficiente capacidad financiera para hacer frente a los mismos, ya que se establece la obligación para los ayuntamientos de realizar en el plazo de un año un informe de evaluación del conjunto de sus servicios para ajustarlo a la ley de estabilidad presupuestaria y evitar duplicidades.  A la vista del mismo, si no pueden mantenerse determinados servicios o son deficitarios:

 

- si son facultativos o actividades económicas se suprimirán.

- si son obligatorios se podrá privatizar.

- si son servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes (como es el caso de El Álamo) sus funciones serán asumidos por la Diputación (o Comunidad Autónoma).  Es necesario señalar en este punto el nuevo papel de las Diputaciones en esta reforma - antes ampliamente cuestionadas-  inclinándose  por situarlas como instituciones dedicadas preferente o exclusivamente al pequeño y mediano municipio,  en contra de lo defendido siempre por IU (que las consideramos instituciones obsoletas, conservadoras y centralizadoras).  Esto supone un modelo generador de un gran déficit democrático, puesto que este proceso de recentralización se asienta en instituciones que carecen de legitimidad democrática directa.


Se elimina sin pudor el artículo 28 que establecía la capacidad de los municipios para realizar actividades complementarias en materia de educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente.


Se incorpora la prohibición para las entidades locales de no suscripción a ningún tipo de convenio o consorcio sin que esté efectivamente asegurada la sostenibilidad financiera de la actividad local. Es decir, paralizará completamente la independencia y la autogestión de los ayuntamientos.


Con respecto al ejercicio de la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, éstas quedarán supeditadas a un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial; en otras palabras, el concepto de ayuntamiento como corporación que gestiona y administra servicios públicos en un municipio cada vez más se acerca al concepto de empresa. Es decir si la actividad se ejerce desde el ámbito privado no es necesaria la actividad pública.


Por todo ello, desde el Grupo Municipal de IU-Los Verdes instamos al Pleno y al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Álamo:


-  A que muestre su rechazo al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

-   A exigir al Gobierno del Estado la retirada del Anteproyecto y  la elaboración de una reforma de la LBRL, que refuerce la capacidad de gobierno de los Ayuntamientos, acompañada de una reforma de la Ley de Haciendas Locales que permita a los ayuntamientos tener financiación necesaria para desarrollar competencias.

-  A exigir igualmente, que cualquier intención de reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

 

El Álamo, 21 de junio de 2013
José Castro Mateos
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV


 
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