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D. José Castro Mateos, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de El Álamo, al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local y el Real Decreto 568/1986 de 29 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, presenta al Pleno del Ayuntamiento de El Álamo la siguiente: MOCIÓN CONTRA LOS RECORTES ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Presidente del Gobierno anunció en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio su nuevo programa de recortes que van a suponer el peor ataque al estado de bienestar y a nuestra democracia. Aprobado por Real Decreto el siguiente viernes en el Consejo de Ministros. Un ataque directo a pensionistas, parados y trabajadores públicos que verán mermados sus derechos y que el gobierno de Rajoy los hace responsables de la crisis económica. Las medidas que ha propuesto son las siguientes: · Incremento del IVA general en tres puntos, del 18% al 21%. · Suspensión de la paga extra de Navidad a los trabajadores públicos. · Revisión integral de la función pública: Reducción del número de días de libre disposición, ajuste del número de liberados sindicales así como otras medidas. · Recorte del subsidio de paro a partir del sexto mes, del 60% al 50% sobre la base reguladora. · Reforma de las pensiones. · Eliminación de la deducción en el IRPF por la compra de la vivienda. · Reforma de la administración local: Reducción del 30% en el número de concejales, reducción de empresas y fundaciones públicas. · Recorte de uno 20% en las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. · Reducción de las cotizaciones sociales a los empresarios. · Supresión de bonificaciones a la contratación. · Recortes de 600 millones de euros en las partidas de gastos de los ministerios. · Reforma de la tributación medioambiental. · Aumento del Impuesto que se aplica al tabaco. · Revisión del baremo y las prestaciones económicas del sistema de dependencia. · Flexibilización de los horarios comerciales, especialmente en las áreas turísticas. · Liberalización y, en algunos casos privatización, de servicios asociados al transporte y en el sector servicios. Con estas y otras medidas el gobierno de Rajoy ha señalado que supondrá un ajuste de 65.000 millones de euros en 2 años. Todas estas medidas suponen una pérdida más de soberanía del Estado español, supeditada completamente a las directrices marcadas por los mercados financieros y a las instituciones europeas. El Gobierno justifica estos ajustes para asegurar el pago de las obligaciones contraídas con las emisiones de deuda pública pero hay que recordar que el aumento de la deuda pública se debe a los préstamos que tanto el gobierno Zapatero como ahora el de Rajoy han venido haciendo a la banca. Prestamos que ni han sido devueltos, ni han servido para reactivar la economía real y lo que es peor tampoco han consolidado los balances de la banca española que sigue necesitando liquidez para hacer frente a sus obligaciones. Por ello consideramos esta deuda como ilegitima. Las deudas generadas en negocios especulativos malogrados es ahora asumida por el Estado, de forma que los compromisos financieros de proyectos privados los soportarán las y los españoles mediante medidas de recorte insoportables para la mayoría de familias. Hay que recordar al Gobierno que con estas medidas da la espalda a la ciudadanía. Las últimas medidas adoptadas únicamente satisfacen las demandas de la banca y los grandes grupos económicos dejando apartados en último lugar los problemas de la ciudadanía. Aumenta la presión a las familias mientras no se da respuesta las necesidades como la de vivienda, trabajo o, como por desgracia es cada vez más habitual, de alimentos. Esta factura social que vamos a pagar es altísima y sumamente negativa: recortes para pensionistas, parados, trabajadores públicos y para los propios ayuntamientos, que verán menguada la representatividad democrática. Y, mientras, a los defraudadores se aplica una amnistía fiscal. Con estas medidas el Gobierno hace pagar la crisis a los de siempre, es decir, a los trabajadores y trabajadoras, a los empleados públicos, a los jóvenes y a las mujeres. En lugar de tomar medidas para que las paguen los poderosos, que son los que han generado la crisis. Las medidas del Gobierno del PP son antisociales y encaminadas al fracaso, claramente contrarias al interés general, ya que en lugar de poner en valor la lucha contra el fraude fiscal, y de eliminar los paraísos fiscales, recortar los grandes salarios y controlar los grandes beneficios de la banca, como medidas para superar el déficit. Se limitan también los derechos de representación democrática en un intento de trasladar a la población la idea de que la democracia es cara. Pero lo caro y vergonzoso realmente es la actitud corrupta de ciertos políticos como se ha visto en tramas como Gurtel. Los Ayuntamientos, la institución democrática más próxima a la ciudadanía, no pueden ser debilitados para que la democracia pierda sentido y calidad. Existen otras soluciones e Izquierda Unida las ha propuesto, sin embargo el Ejecutivo se ha plegado a las exigencias del capital financiero. Estamos bajo una dictadura financiera que va a por todas, a por los servicios públicos, a por las pensiones y a por los salarios de los trabajadores y trabajadoras, mientras las partidas de la Casa Real o de la Iglesia católica se mantienen intactas. Desde el Grupo Municipal Izquierda Unida – Los Verdes consideramos que cualquier reducción del gasto público es contradictoria con los objetivos de estimulación de la demanda que son imprescindibles en una situación de crisis económica como la actual. La limitación del déficit no puede ser obtenida, en estas condiciones, por medio del recorte del gasto, sino mediante mecanismos de incremento de los ingresos. No obstante, es absolutamente necesaria una racionalización del gasto público que la reoriente hacia la eficiencia, el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los servicios sociales públicos y la actividad productiva. Asimismo, nos oponemos radicalmente a la reducción del salario de los empleados públicos y a su congelación, excepto los de los altos cargos y los de confianza, así como el aumento del IVA, que es uno de los impuestos más injustos que existen. En este contexto, las movilizaciones sociales y las protestas al calor de las medidas del Gobierno hacen más que nunca necesario abrir canales de participación directa en la toma de decisiones, desarrollando el derecho fundamental de los ciudadanos a intervenir directamente en los asuntos público, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. En estos momentos se hace imprescindible avanzar hacia una democracia participativa que ponga a los ciudadanos en el centro de la política, por ello proponemos la celebración de un referéndum para consultar sobre estas medidas. Nos encontramos ante un ataque a los fundamentos que hicieron posible nuestro actual sistema constitucional y a los principios de la democracia. Lejos de ser una salida hacia delante de la crisis es una regresión económica y social y significa una involución democrática. Por todo ello y en su virtud el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de El Álamo elevan al Ayuntamiento en Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Instar a Gobierno Central a que retire el Real Decreto-ley. SEGUNDO.- Instar al Gobierno Central a que convoque un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre estas medidas. TERCERO.- Apoyar todas las movilizaciones convocadas contra los recortes. CUARTO.- Exigir una auditoría de la deuda pública española. QUINTO.- Instar al Gobierno Central a negociar con los grupos de la oposición otras medidas más efectivas para racionalizar el gasto público y combatir la corrupción. SEXTO.- Instar en el Congreso de los Diputados a aprobar una reforma del sistema fiscal más justo y progresivo, eficaz para combatir el fraude y la economía sumergida. SÉPTIMO.- Trasladar estos acuerdos a los sindicatos, Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy. José Castro Mateos Portavoz del Grupo Municipal IU-LV
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